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Begoña Pérez Crespo se incorpora a fjmadvocats para potenciar el área de Derecho Laboral y de la Función Pública

12 febrero, 2021 Noticias
  • Para Francesc José Maria, socio director, “la incorporación de Begoña Pérez Crespo es un gran refuerzo para nuestro despacho y nos permite continuar creciendo asumiendo con garantías los retos futuros de nuestros clientes”.

Licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona y Postgrado en Seguridad Social, Ciencias Sociales y Jurídicas, por la Universidad de Castilla y la Mancha, Begoña Pérez Crespo cuenta con una acreditada experiencia en el ejercicio del Derecho Laboral y de la Función Pública; destacando en el asesoramiento tanto individual como plural en negociación colectiva y litigación frente a las jurisdicciones laboral y contencioso administrativo.

El amplio conocimiento de Begoña Pérez Crespo de la administración y del sector público, así como del mundo sindical y de la negociación colectiva, reforzará la capacidad de asesoramiento de fjmadvocats en este campo, que es donde el despacho ha crecido más en los últimos años a través de numerosas adjudicaciones de licitaciones públicas.  En este aspecto, destacar que fjmadvocats trabaja para entidades que tienen hasta 5.000 empleados y también ha participado activamente en la negociación colectiva de algunos convenios que afectan a más de 40.000 trabajadores.

Para Begoña Pérez Crespo, “incorporarme a fjmadvocats supone el reto de llegar a un despacho de reconocido prestigio, consolidado, en expansión y comprometido en la mejora continua en el servicio a sus clientes; y en el que además de aportar mi experiencia puedo continuar creciendo profesionalmente”.

Para Francesc José María Sánchez, socio director y fundador del fjmadvocats “el despacho está en una fase de gran expansión en todos los ámbitos del Derecho, pero particularmente en aquellos vinculados al Derecho Laboral y de la Función Pública. La incorporación de Begoña Pérez Crespo es un gran refuerzo para nuestra firma y nos permite continuar creciendo asumiendo con garantías los retos futuros de nuestros clientes”.

Sobre fjmadvocats

Con mas de 35 años de trayectoria profesional jurídica, fjmadvocats dispone de especialistas en todas las ramas del derecho, destacando en el asesoramiento de entidades proveedoras de Servicios Sanitarios, Servicios Sociales y Sociosanitarios.

El despacho trabaja para entidades que tienen hasta 5.000 empleados y también ha participado activamente en la negociación colectiva de algunos convenios que afectan a más de 40.000 trabajadores. Entre los más recientes, sus profesionales participaron en noviembre de 2018 –en calidad de asesores jurídicos de la patronal CAPSS y expertos en Derecho Laboral—, de la firma del II Convenio Colectivo de trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros de Atención Primaria, Centros Sociosanitarios y Centros de Salud Mental concertados con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y en 2020 del V Convenio Colectivo de trabajo de empresas de atención domiciliaria de Cataluña.

fjmadvocats también asesora a diversas empresas, asociaciones empresariales y entidades de diferentes sectores. Lo hace con los principios de actuación del despacho que encuentran clara expresión en su lema: RIGOR EN EL CONCEPTO, PRECISIÓN EN EL LENGUAJE Y SEVERIDAD EN LA FORMA.

Cara a Cara en Món Jurídic, revista del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

8 enero, 2021 Noticias

La revista Món Jurídic en su número 332, analiza  cómo ha sido la carrera para encontrar vacuna de la COVID-19, su eficacia y otras cuestiones relacionadas. Lo hace en un interesante Cara a Cara entre Francesc José María Sánchez (Colegiado Num. 13.078), asesor laboral del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC) y socio director de fjmadvocats y César Cierco, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Lleida.

El plan de vacunación del Gobierno contra la COVID-19 ya está definido. Fue presentado por el Govern de la Generaltat a finales de noviembre y establece cómo será la campaña de vacunación, que ya está en marcha. Se quiere favorecer el acceso equitativo a la vacuna para toda la población y establece que será de carácter voluntario a pesar de que se hará un registro de seguimiento de la vacuna a las personas que se la posen. Descubramos qué piensan estos dos expertos.

Accede al artículo (redactado en parte en catalán) clicando aquí

¿Conseguiremos la Inmunidad de Grupo frente al Covid-19 en un tiempo razonable?

7 enero, 2021 Noticias

Artículo publicado por Francesc José María Sánchez en El Economista. Jueves, 7 de enero de 2021. Una vez aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) algunas de las vacunas contra el Covid-19, las autoridades sanitarias europeas han comenzado los planes de vacunación de sus ciudadanos. La vacunación está llamada a ser la principal estrategia preventiva frente a la pandemia, pero se verá limitada por al menos tres elementos. En primer lugar, por la capacidad de producción de la industria; en segundo lugar, por la complicada logística necesaria para su distribución y administración. Estos dos elementos están obligando a planificar la priorización de unos colectivos frente a otros por su vulnerabilidad o por el carácter esencial de su función, tales como el personal sanitario o los cuidadores de las residencias.

Pero existe también un tercer elemento que es el compromiso de los ciudadanos en su vacunación. Con la inmunización de como mínimo un 70% de la población, aunque algunos plantean que se tiene que lograr el 90%, ya sea por haber pasado la dolencia o por haber sido vacunada, los expertos estiman que habremos conseguido la llamada inmunidad colectiva o de grupo. Un escenario que nos permitirá salir de este agujero negro en el que como sociedad nos hemos visto arrastrados por el contagio del coronavirus SARS-CoV-2 y que nos ha provocado una crisis sanitaria, económica y social a nivel mundial sin precedentes en la historia moderna.

La pregunta que encabeza este artículo no es baladí, pues según una encuesta del CIS publicada el 5 de diciembre, solamente un 32’5% de los españoles están dispuestos a vacunarse inmediatamente, un 55’2% prefieren esperar y un 8’4% no se vacunarán en ningún caso. Con una marcada tendencia a la baja de los primeros que en el mes de septiembre eran un 44’3%, en octubre un 40’2% y en noviembre un 36’8%. Según la encuesta; ni que el médico recomendara la vacunación, en atención a las circunstancias personales de los encuestados, estado clínico o riesgo de infectar a un familiar, el porcentaje de dispuestos a vacunarse inmediatamente sube significativamente (solo hasta un 37’9%).

Algunas encuestas colocan a España como el segundo país europeo con menos predisposición para vacunarse de inmediato: 6 de cada 10 españoles preferiría esperar un año a vacunarse del Covid-19 y paradójicamente somos el país que presenta el índice más bajo de rechazo a las vacunas.

En nuestro país la vacunación es voluntaria y este principio, así como el de gratuidad, ha sido recogido en el Plan de vacunación contra el Covid-19 del Gobierno de España, que se ha fijado como objetivo lograr el nivel de inmunización de grupo -el 70% de población inmunizada- en un tiempo razonable de seis meses, es decir que el verano de 2021 hayamos logrado colectivamente este hito. Abro un paréntesis aquí para señalar que a principios de enero las ratios de vacunación en nuestro país están siendo más bajas de las previstas, pero no corresponde hablar en este artículo de las causas de esta demora ni por qué en otros países, Israel, por ejemplo, al escribir estas líneas ya hay más de un millón y medio de vacunados, más de un 10% de la población y en España la cifra es sólo de unos pocos miles. Si no se agilizan las vacunaciones es imposible llegar al mes de julio de 2021 con un 70% de la población vacunada.

Retomando el hilo, la duda que me asalta es si llegaremos con la deseable celeridad a dejar de sufrir esta peste del Siglo XXI con estas cifras de vacuno-escépticos que no dicen que no se vacunarán, pero prefieren verlas venir, una actitud ésta muy propia de nuestra idiosincrasia latina agravada por el individualismo imperante a la sociedad que se resume en el siguiente dicho: “todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío”.

Todos deseamos volver a la normalidad el verano del 2021 para irnos de vacaciones sin mascarillas, geles hidroalcohólicos y distanciamiento social, con libertad de circulación, para así poder quedar con los amigos y familiares que forman parte otras burbujas con las que ahora, por precaución, no podemos establecer contacto físico. Una normalidad buscada sobre todo para que la economía vuelva a funcionar, se acaben los ERTE’s, los cierres de empresas y las limitaciones a la movilidad geográfica y de las actividades deportivas, de ocio, culturales, gastronómicas, etc.

Pero todo esto no será posible si no hemos conseguido colectivamente controlar los efectos del virus que se han demostrado devastadores para la salud, la vida y la economía. Este objetivo solo será alcanzable con la vacunación masiva de la población y es ingenuo pensar con los resultados de las encuestas en la mano que sin imponer la obligatoriedad de la vacunación se podrá lograr en un tiempo razonable.

La vacunación obligatoria está suficientemente amparada en nuestro ordenamiento jurídico y por supuesto justificada éticamente por la excepcionalidad de la situación que vivimos. Toda la normativa sanitaria sectorial, orgánica y ordinaria, proporciona a las autoridades sanitarias facultades para adoptar las medidas que considere más idóneas para combatir la pandemia, entre ellas la vacunación que, sin duda, es la estrategia más beneficiosa que hay en salud pública y la intervención más efectiva desde una perspectiva individual y social. Podemos decir que es una de las intervenciones más solidarias.

Seguramente la mayor parte de los ciudadanos expuestos al Covid-19 no sacará ningún beneficio personal directo y se verán sometidos a una serie de molestias: dedicar un tiempo, el pinchado, posibles efectos menores como los que pueden provocar todas las vacunas -dolor en el lugar de la punción, febrícula, malestar general-, pero todos juntos sacaremos un beneficio colectivo inconmensurable. La sociedad tendría que aceptar la vacunación obligatoria, esta vez sí, por el Bien Común -un concepto recurrente en los discursos políticos- lo que nos permitirá recuperar con mayor celeridad la normalidad, si esto es posible. La solidaridad no se manifiesta solo participando en maratones televisivas o saliendo a aplaudir a los balcones; sino mediante la responsabilidad individual hacia la comunidad y la confianza en los científicos y los expertos en salud pública.

Pueden acceder al artículo publicado en pdf y en digital

El Gobierno de la Generalitat nombra a la economista y socia de FJMadvocats Carme García Jarque, secretaria ejecutiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

30 diciembre, 2020 Noticias
  • La directora del área de Asesoramiento Estratégico y Financiero del despacho es miembro del CTESC desde junio de 2019 a propuesta de PIMEC.
  • Una de sus funciones será coordinar el Pleno, formado por 37 profesionales en paridad de mujeres y hombres, encargado de realizar estudios que analizan la realidad y sacan conclusiones que aportan recomendaciones y sugerencias para la actuación del Gobierno de la Generalitat. 

Barcelona, 30 de diciembre de 2020. Carme García Jarque, directora del área de Asesoramiento Estratégico y Financiero y socia de FJMadvocats, ha sido nombrada por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya como secretaria ejecutiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Carme García se miembro del pleno del CTESC desde junio de 2019. Lo es a propuesta de PIMEC, patronal donde ocupa diferentes cargos, siendo a la actualidad vocal de su Comité Ejecutivo, de la Junta de Gobierno y de la Comisión Económica; además deVicepresidenta de Autònoms PIMEC

El CTESC es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus finalidades como órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno en materias socioeconómicas, laborales y ocupacionales. Su Pleno, del que la que Carme García es secretaria ejecutiva, está formado por 37 profesionales, en paridad hombres y mujeres, más el presidente. Todos ellos profesionales de reconocida valía. El Pleno elabora propuestas, informes o estudios a solicitud del Gobierno o por iniciativa propia sobre materias del ámbito de sus competencias. En sus estudios analizan la realidad y sacan conclusiones y aporta recomendaciones y sugerencias para la actuación del Gobierno. También se recogen acuerdos del Pleno y otros documentos de interés realizado por el servicio técnico.

Las funciones de la Secretaria Ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva es el órgano de asistencia técnica y administrativa del CTESC y la depositaria de la fe pública de los acuerdos que éste toma. Entre sus funciones destacan: ejercer la dirección administrativa y técnica de los varios servicios del Consell y velar porque sus órganos actúen de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia; asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno, de la Comisión Ejecutiva; y extender las actas de las sesiones, autorizarlas con su firma y con el visto bueno de la Presidencia y dar el curso correspondiente a los acuerdos que se toman.

El Gobierno también nombró ayer a Antonio Mora Núñez, como presidente del CTESC. Nacido en Cornellà de Llobregat, ha sido trabajador del sector de la limpieza, del plástico y del metal, y autónomo. Tiene estudios universitarios en Derecho, Geografía e Historia y formación en Políticas Públicas. Fue secretario general de la Unión Comarcal del Baix Llobregat de CCOO, y también del Alt Penedès, Anoia y Garraf. Desde el 2017 hasta la actualidad, ha ocupado el cargo de secretario de Política Territorial, Acción Social, Barcelonés y Migraciones en CCOO.

 

Sobre Carme García Jarque.

Carme García Jarque se incorporó a FJMadvocats como máxima responsable de la división económica y financiera el 2014. Nacida a Sarrión (Teruel) el 1957. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona (UB), PADE por IESE, también es mediadora oficial de civil y mercantil por la Universidad de La Rioja y diplomada en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Empresariales. Cuenta con más de treinta años de experiencia en el sector financiero, de los cuales veinte en el sector público, en tareas directivas en el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

Paralelamente, ha sido vicepresidenta de la Junta Directiva de Autónomos de PIMEC, tesorera, vocal del Comité Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Cataluña, presidenta de la Comisión de Economía Financiera del Colegio de Economistas de Cataluña, Vocal del Consejo del Trabajo Autónomo de Cataluña, Vocal del Patronato de la Fundación Privada DAUS para la formación y mejora de las habilidades en el ámbito personal y profesional de enfermos mentales. Hasta ahora era poniente patronal PIMEC en el pleno del CTESC.

 

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Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y el INCASÒL, nuevos clientes de fjmadvocats

21 diciembre, 2020 Noticias
  • También se ha producido la renovación de la Corporació Salut Maresme i la Selva, lo que refuerza el liderazgo del despacho en la asesoría jurídica dentro del sector sanitario y sociosanitario catalán.
  • Francesc José María Sánchez, socio director de fjmadvocats, “la confianza de FGC y el INCASÒL, entidades que forman parte de la Generalitat de Cataluña y con unas necesidades de alta exigencia jurídica, refuerzan nuestra posición en la asesoría jurídica del sector público”.

Barcelona, 21 de diciembre de 2020.   fjmadvocats , despacho fundado en 1984, en distintas ramas del Derecho, —destacando en el asesoramiento de entidades proveedoras de Servicios Sanitarios, Servicios Sociales y Sociosanitarios—, cierra 2020 con la incorporación a su cartera de clientes de dos entidades de derecho público, referentes en Cataluña:  Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC) y el Institut Català del Sòl (INCASÒL). A lo que hay que añadir la renovación de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

FGC ha homologado a fjmadvocats mediante un acuerdo marco para Laboral y Penal, y podrá disfrutar de su asesoramiento en todas aquellas materias que se deriven de estas dos especialidades. Lo hará tanto en aquellos procedimientos judiciales asignados por FGC; como en materia de negociación colectiva, un campo donde los profesionales de fjmadvocats tienen gran experiencia y a los que dedican más de 300 horas anuales en la negociación de diferentes convenios.  El INCASÒL por su parte, ha adjudicado a fjmadvocats un contrato de prestación de servicios de asesoramiento en materia laboral, función pública y defensa jurisdiccional.

 Para Francesc José María Sánchez, socio director y fundador del despacho, “la adjudicación de FGC y del INCASÒL, entidades dependientes de la Generalitat de Cataluña y con unas necesidades de asesoramiento de alta exigencia jurídica, es una muestra más de nuestro liderazgo en el campo de la asesoría jurídica del sector público; más allá de nuestra implantada presencia y reputación en los sectores sanitario y de servicios sociales catalanes”.

Necesidad de asesoramiento Laboral muy especializado

Los dos nuevos clientes son entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado y reguladas por el Estatut de l’Empresa Pública Catalana.  Tal como señala Alfredo Bayón, abogado y socio de fjmadvocats “esto hace que en materia de relaciones laborales y de gastos de personal, estén sujetas a las limitaciones que establece la normativa básica del Estado, así como a las disposiciones que en estas materias regulen los presupuestos de la Generalitat de Cataluña”.

Ello comporta que se vea afectada la autonomía de gestión de sus recursos humanos, además por las leyes de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público que acompañan a las leyes presupuestarias, así como por otras resoluciones administrativas y acuerdos del Govern de la Generalitat. “Todo ello condiciona la gestión de los recursos humanos que hace preciso un asesoramiento jurídico en materia laboral muy especializado”, apunta Alfredo Bayón

Renovación Corporació Salut Maresme i la Selva

Además de la incorporación a la cartera de clientes de FGC y el INCASÒL, la Corporació Salut Maresme i la Selva ha renovado por dos años más su confianza en fjmadvocats, consolidándose como un cliente histórico para el despacho. La renovación contempla el asesoramiento, asistencia y defensa en materia laboral, así como en materias del ordenamiento jurídico relacionadas con el ámbito laboral-sanitario. Contemplando también el asesoramiento jurídico especializado en el ámbito Mercantil y en Derecho Administrativo.

Una “confianza del sector sanitario y sociosanitario” que según Francesc José María “se refrenda con la renovación por parte de la Corporació Salut del Maresme i la Selva. Lo que nos permite cerrar 2020, con un fortalecimiento de nuestro despacho que se encuentra en pleno crecimiento, tanto de clientes como de profesionales”.

Sobre el fjmadvocats

Fundado el 1984 por Francesc José Maria Sánchez, fjmadvocats es una Sociedad Limitada Profesional que cuenta con 12 abogados, 2 economistas y 2 profesionales técnicas en administración. Con 35 años de experiencia profesional jurídica, fjmadvocats dispone de especialistas en todas las especialidades del derecho, destacando en el asesoramiento de entidades proveedoras de Servicios Sanitarios, Servicios Sociales y Sociosanitarios. Desde 2014 cuenta con una división de asesoría financiera, contable y estratégica que dirige la economista Carme García Jarque, antigua Directora General de l’Institut Català de Finances.

 El despacho trabaja para entidades que tienen hasta 5.000 empleados y también ha participado activamente en la negociación colectiva de algunos convenios que afectan a más de 40.000 trabajadores. Entre los más recientes, sus profesionales participaron en noviembre de 2018 –en calidad de asesores jurídicos de la patronal CAPSS y expertos en Derecho Laboral—, de la firma del II Convenio Colectivo de trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros de Atención Primaria, Centros Sociosanitarios i Centros de Salud Mental concertados con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y en 2020 del V Convenio Colectivo de trabajo de empresas de atención domiciliaria de Cataluña.

 fjmadvocats también asesora a diversas empresas, asociaciones empresariales y entidades de diferentes sectores. Lo hace con los principios de actuación del despacho que encuentran clara expresión en su lema: RIGOR EN EL CONCEPTO, PRECISIÓN EN EL LENGUAJE Y SEVERIDAD EN LA FORMA.

Descargar Nota de Prensa (PDF) 

 

Carme García Jarque, socia de FJMadvocats, entrevistada en Beteve sobre la crisis generada per el Covid-19 y la recuperación económica

15 julio, 2020 Noticias

Pueden ver la entrevista emitida el pasado 10 de julio a Carme García Jarque del minuto 05,00 al 18.00 aquí 

Carme García, socia de FJMadvocats,  responsable de la división financiera es miembro de la comisión ejecutiva del Colegio de Economistas de Cataluña y coordinadora del Grupo de Expertos para la Reactivación de la Economía Catalana (GEREC), pronostica que los datos de la bajada del PIB catalán del segundo trimestre “como mínimo, duplicarán” las del primero, lo cual supondría una caída del 8% del PIB catalán

Las derivadas de la insuficiente protección de los profesionales, artículo de opinión de Francesc José María, en El Economista

Noticias

Las derivadas de la insuficiente protección de los profesionales

Artículo publicado en El Economista Sanidad

Hasta la fecha se ha librado una batalla judicial por la falta de equipos de protección individual mediante la interposición de múltiples demandas de medidas cautelares exigiendo la dotación inmediata de los mismos a los profesionales sanitarios que atendían a enfermos de Covid-19 y a otros colectivos considerados esenciales como la policía.

Ante la notoriedad de la falta o insuficiencia de estos equipos de protección durante las primeras semanas de la pandemia -y no siendo aplicable a los centros sanitarios y residenciales la solución de paralización de la actividad cuando existe un riesgo grave e inminente para la salud de las personas trabajadoras, puesto que es necesario garantizar la continuidad asistencial-, los tribunales de justicia del orden social mayoritariamente han resuelto tales demandas estimándolas parcialmente e indicando que se cumpliera la obligación de proporcionar los equipos en el momento que se tuvieran a disposición.

Presiento que en materia de protección de riesgos laborales solo se ha librado la primera batalla en los tribunales y que se avecina una segunda oleada de demandas exigiendo responsabilidades por los contagios y defunciones derivadas de la falta de medidas de seguridad. Según datos del Ministerio de Sanidad de 29 de mayo, el número de contagios confirmados entre los profesionales sanitarios en toda España era de 51.482 y 63 el número de defunciones.

El gobierno mediante real decreto ley de 27 de mayo ha dejado claro que las infecciones por coronavirus SARS-CoV-2 del personal de los centros sanitarios y residenciales expuesto al riesgo de contagio son accidente laboral, siempre que se acredite por el servicio de prevención de riesgos laborales de la institución que ha existido dicha exposición. La prevención de riesgos laborales se configura en nuestra legislación como una obligación del empresario y de la administración pública cuando actúa como empleadora y un correlativo derecho de los trabajadores.

La responsabilidad del empleador por accidentes de trabajo por falta de medidas de seguridad es exigible administrativamente mediante la imposición de sanciones por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales y el recargo de prestaciones de la Seguridad Social a cargo del empresario. También es exigible una indemnización por los daños y perjuicios sufridos -corporales, morales y económicos- y los perjudicados pueden acudir también a la vía penal planteando un concurso ideal de delitos contra los derechos de los trabajadores por la creación de peligro y de lesiones u homicidio imprudentes por el resultado.

En el caso de la protección de los profesionales de la salud -cuyo derecho a una protección eficaz de su seguridad y salud laboral no se ha podido garantizar de forma adecuada por falta de acceso a los EPI y concurre con el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos que están bajo su cuidado, en la situación de excepcionalidad vivida- se plantean dos cuestiones: ¿Se pueden exigir responsabilidades a las administraciones y a las empresas por falta de medidas de seguridad? ¿Es posible excluir o disminuir dicha responsabilidad?

La respuesta a la primera pregunta dependerá de cómo interpreten los tribunales la concurrencia de fuerza mayor que, para más inri, en el estado de alarma decretado no se configura por referencia a la construcción doctrinal clásica de dicho concepto, sino que se trata de un concepto nuevo de creación legal y concreción administrativa, directa e irremediablemente vinculado en exclusiva a la situación de excepcionalidad derivada de la crisis sanitaria.

A la segunda pregunta la respuesta es que sí. La Directiva marco europea sobre seguridad y salud laboral prevé que el personal esencial pueda quedar excluido de las normas sobre prevención de riesgos laborales si concurren dos requisitos: una situación de excepcionalidad y que la protección de la población en situación de grave riesgo colectivo exija la prioridad de esta protección sobre la del personal.

Para que opere esta exclusión debería disponerse la misma explícitamente en una norma legal, puesto que la legislación de prevención de riesgos laborales que transpuso a nuestro ordenamiento la mencionada Directiva europea, no hizo uso de la autorización a los estados miembros para establecer la exclusión o disminución de responsabilidad de los empresarios por hechos derivados de circunstancias que les sean ajenas o acontecimientos excepcionales, cuyas consecuencias no hayan podido ser evitadas a pesar de la diligencia desplegada.

Mientras no se regule dicha exclusión a los tribunales de justicia no les quedará otra que aplicar la normativa vigente en materia de protección de riesgos laborales, en particular la relacionada con la protección frente a los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos y las derivadas previstas en la ley cuando el accidente laboral se debe a falta de medidas de seguridad. Una situación en que las consecuencias económicas para nuestros sistemas de salud y de atención a la dependencia son incalculables, si no se pone remedio

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Carme García Jarque coordinará un grupo de expertos creado por PIMEC y el Col·legi Economistes de Catalunya para estudiar cómo reactivar la economía

28 mayo, 2020 Noticias

Carme García Jarque coordinará un grupo de expertos creado por PIMEC y

el Col·legi Economistes de Catalunya para estudiar cómo reactivar la economía

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«Dos sistemas que se ignoraban» Opinión de Francesc José María Sánchez en el Diario EL País

25 mayo, 2020 Noticias

«Dos sistemas que se ignoraban» Opinión de Francesc José María en el Diario EL País publicada el 20 de mayo de 2020

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Médicos especialistas y a la vez polivalentes es lo que necesita el sistema de salud.

Noticias

Artículo de Francesc José María Sánchez publicado en Diario Médico el 8 de mayo

«Médicos especialistas y a la vez polivalentes es lo que necesita el sistema de salud»

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