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Carme García Jarque, socia de FJMadvocats, entrevistada en Beteve sobre la crisis generada per el Covid-19 y la recuperación económica

15 julio, 2020 Noticias

Pueden ver la entrevista emitida el pasado 10 de julio a Carme García Jarque del minuto 05,00 al 18.00 aquí 

Carme García, socia de FJMadvocats,  responsable de la división financiera es miembro de la comisión ejecutiva del Colegio de Economistas de Cataluña y coordinadora del Grupo de Expertos para la Reactivación de la Economía Catalana (GEREC), pronostica que los datos de la bajada del PIB catalán del segundo trimestre “como mínimo, duplicarán” las del primero, lo cual supondría una caída del 8% del PIB catalán

Las derivadas de la insuficiente protección de los profesionales, artículo de opinión de Francesc José María, en El Economista

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Las derivadas de la insuficiente protección de los profesionales

Artículo publicado en El Economista Sanidad

Hasta la fecha se ha librado una batalla judicial por la falta de equipos de protección individual mediante la interposición de múltiples demandas de medidas cautelares exigiendo la dotación inmediata de los mismos a los profesionales sanitarios que atendían a enfermos de Covid-19 y a otros colectivos considerados esenciales como la policía.

Ante la notoriedad de la falta o insuficiencia de estos equipos de protección durante las primeras semanas de la pandemia -y no siendo aplicable a los centros sanitarios y residenciales la solución de paralización de la actividad cuando existe un riesgo grave e inminente para la salud de las personas trabajadoras, puesto que es necesario garantizar la continuidad asistencial-, los tribunales de justicia del orden social mayoritariamente han resuelto tales demandas estimándolas parcialmente e indicando que se cumpliera la obligación de proporcionar los equipos en el momento que se tuvieran a disposición.

Presiento que en materia de protección de riesgos laborales solo se ha librado la primera batalla en los tribunales y que se avecina una segunda oleada de demandas exigiendo responsabilidades por los contagios y defunciones derivadas de la falta de medidas de seguridad. Según datos del Ministerio de Sanidad de 29 de mayo, el número de contagios confirmados entre los profesionales sanitarios en toda España era de 51.482 y 63 el número de defunciones.

El gobierno mediante real decreto ley de 27 de mayo ha dejado claro que las infecciones por coronavirus SARS-CoV-2 del personal de los centros sanitarios y residenciales expuesto al riesgo de contagio son accidente laboral, siempre que se acredite por el servicio de prevención de riesgos laborales de la institución que ha existido dicha exposición. La prevención de riesgos laborales se configura en nuestra legislación como una obligación del empresario y de la administración pública cuando actúa como empleadora y un correlativo derecho de los trabajadores.

La responsabilidad del empleador por accidentes de trabajo por falta de medidas de seguridad es exigible administrativamente mediante la imposición de sanciones por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales y el recargo de prestaciones de la Seguridad Social a cargo del empresario. También es exigible una indemnización por los daños y perjuicios sufridos -corporales, morales y económicos- y los perjudicados pueden acudir también a la vía penal planteando un concurso ideal de delitos contra los derechos de los trabajadores por la creación de peligro y de lesiones u homicidio imprudentes por el resultado.

En el caso de la protección de los profesionales de la salud -cuyo derecho a una protección eficaz de su seguridad y salud laboral no se ha podido garantizar de forma adecuada por falta de acceso a los EPI y concurre con el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos que están bajo su cuidado, en la situación de excepcionalidad vivida- se plantean dos cuestiones: ¿Se pueden exigir responsabilidades a las administraciones y a las empresas por falta de medidas de seguridad? ¿Es posible excluir o disminuir dicha responsabilidad?

La respuesta a la primera pregunta dependerá de cómo interpreten los tribunales la concurrencia de fuerza mayor que, para más inri, en el estado de alarma decretado no se configura por referencia a la construcción doctrinal clásica de dicho concepto, sino que se trata de un concepto nuevo de creación legal y concreción administrativa, directa e irremediablemente vinculado en exclusiva a la situación de excepcionalidad derivada de la crisis sanitaria.

A la segunda pregunta la respuesta es que sí. La Directiva marco europea sobre seguridad y salud laboral prevé que el personal esencial pueda quedar excluido de las normas sobre prevención de riesgos laborales si concurren dos requisitos: una situación de excepcionalidad y que la protección de la población en situación de grave riesgo colectivo exija la prioridad de esta protección sobre la del personal.

Para que opere esta exclusión debería disponerse la misma explícitamente en una norma legal, puesto que la legislación de prevención de riesgos laborales que transpuso a nuestro ordenamiento la mencionada Directiva europea, no hizo uso de la autorización a los estados miembros para establecer la exclusión o disminución de responsabilidad de los empresarios por hechos derivados de circunstancias que les sean ajenas o acontecimientos excepcionales, cuyas consecuencias no hayan podido ser evitadas a pesar de la diligencia desplegada.

Mientras no se regule dicha exclusión a los tribunales de justicia no les quedará otra que aplicar la normativa vigente en materia de protección de riesgos laborales, en particular la relacionada con la protección frente a los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos y las derivadas previstas en la ley cuando el accidente laboral se debe a falta de medidas de seguridad. Una situación en que las consecuencias económicas para nuestros sistemas de salud y de atención a la dependencia son incalculables, si no se pone remedio

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Carme García Jarque coordinará un grupo de expertos creado por PIMEC y el Col·legi Economistes de Catalunya para estudiar cómo reactivar la economía

28 mayo, 2020 Noticias

Carme García Jarque coordinará un grupo de expertos creado por PIMEC y

el Col·legi Economistes de Catalunya para estudiar cómo reactivar la economía

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«Dos sistemas que se ignoraban» Opinión de Francesc José María Sánchez en el Diario EL País

25 mayo, 2020 Noticias

«Dos sistemas que se ignoraban» Opinión de Francesc José María en el Diario EL País publicada el 20 de mayo de 2020

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Médicos especialistas y a la vez polivalentes es lo que necesita el sistema de salud.

Noticias

Artículo de Francesc José María Sánchez publicado en Diario Médico el 8 de mayo

«Médicos especialistas y a la vez polivalentes es lo que necesita el sistema de salud»

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El aislamiento por coronavirus, ¿enfermedad común o accidente laboral?

El aislamiento por coronavirus, ¿enfermedad común o accidente laboral?

15 abril, 2020 Noticias

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Carme García Jarque, directora de la división de servicios financieros de fjmadvocats, acreditada por ACCIÓ como asesora en áreas d’expertise y ámbitos sectoriales

4 marzo, 2020 Noticias

Carme García Jarque, directora de la división de servicios financieros de fjmadvocats, acreditada por ACCIÓ como asesora en les diferentes áreas d’expertise y ámbitos sectoriales RIS3CAT siguientes: Finanzas y control de gestión.

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Acción Concertada Social

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Articulo de Francesc José María publicado en el Diario Expansión

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ACCIÓN CONCERTADA SOCIAL

Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en materia de servicios de atención a las personas (sociales, sanitarios  y educativos) tienen libertad para organizarlos de tal manera que no sea necesaria su prestación directa o con medios propios ni  la celebración de contratos públicos.

Esta posibilidad deriva de la Directiva europea  2014/24/UE de contratación que afirma expresamente que la aplicación de la normativa contractual pública no es la única posibilidad que gozan las autoridades competentes para la gestión de servicios a las personas.  Dicha previsión de la norma europea  ha tenido su reflejo en la ley  española de contratos del sector público  y en las leyes autonómicas que han regulado esta materia. De ahí surge la Acción Concertada Social, un instrumento no contractual para la colaboración público-privada en la atención a las personas.

Este régimen de acción concertada está inspirado en dos principios básicos:  la solidaridad y la eficiencia presupuestaria al no incluir el beneficio industrial en la fijación de la contraprestación económica. Y no excluye  que las administraciones puedan  optar en un momento dado por la utilización de instrumentos contractuales –contrato de servicios o concesiones-  para la gestión indirecta de acuerdo con la ley de contratos del sector público.

El debate político sobre la necesidad de regular los conciertos sociales se ha centrado en qué  tipo de proveedores de servicios privados puede beneficiarse de esta modalidad de colaboración con la administración pública, ¿todas las entidades privadas independientemente de que sean de iniciativa mercantil o de iniciativa social, o sólo las de iniciativa social sin ánimo de lucro?

La respuesta varía. La mitad de las CCAA que hasta hoy han legislado sobre la acción concertada social, que han sido prácticamente todas, se han decantado por que sea un instrumento de relación para la prestación de servicios de atención a las personas con todo tipo de entidades privadas prestadoras de dichos servicios dando preferencia a las entidades sin ánimo de lucro en caso de que se den análogas condiciones para la adjudicación del servicio. La otra mitad, en cambio, han considerado que sólo desde la gestión solidaria, sin ánimo de lucro, se puede colaborar con la administración pública bajo la modalidad de acción concertada. Por tanto, en la elección de una u otra modalidad hay un posicionamiento político e ideológico previo.

 

Francesc José María Sánchez.

Abogado. Socio-director de FJM Advocats.

El olor a azufre de la Llei Aragonés

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Artículo de Francesc José María Sánchez  publicado en el Diario El País

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ERRE QUE ERRE CON EL BLINDAJE DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.

6 febrero, 2020 Noticias

Artículo de Francesc José María Sánchez publicado en El Economista Salud

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