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¬ŅLos acuerdos del Consejo Interterritorial son vinculantes? Opini√≥n de Francesc Jos√© Mar√≠a en Diario M√©dico

14 junio, 2021 Noticias

A ra√≠z de los √ļltimos acuerdos adoptados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), del pasado 2 de junio sobre la Declaraci√≥n de Actuaciones Coordinadas frente a la COVID-19, se ha suscitado la pol√©mica sobre el car√°cter obligatorio de dichos acuerdos, m√°s all√° de si los mismos invaden o no competencias auton√≥micas.

Las Comunidades Aut√≥nomas de Catalu√Īa, Galicia, Andaluc√≠a, Madrid y Murcia se opusieron expresamente a dicho acuerdo y la Comunidad de Castilla y Le√≥n y la ciudad aut√≥noma de Melilla se abstuvieron.¬†El Pa√≠s Vasco no particip√≥ en la reuni√≥n.

Seg√ļn la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la declaraci√≥n de actuaciones coordinadas obliga a todas las comunidades y ciudades aut√≥nomas,¬†con independencia de cual fuera el sentido de su voto¬†y se ampara para ello en la regulaci√≥n de las conferencias sectoriales en la¬†Ley de R√©gimen Jur√≠dico del Sector P√ļblico.

En dicha regulaci√≥n se establece que las conferencias sectoriales,¬†el CISNS tiene dicha naturaleza porque as√≠ lo determin√≥ un Auto del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2020 que respald√≥ el criterio de la Abogac√≠a del Estado,¬†pueden adoptar dos clases de decisiones: acuerdos y recomendaciones. Cuando la decisi√≥n reviste la forma de acuerdo, en el supuesto que la Administraci√≥n General del Estado ejerza funciones de coordinaci√≥n, es de obligado cumplimiento para todas¬†las administraciones p√ļblicas integrantes de la conferencia con independencia del sentido de su voto.

A tales consideraciones cabr√≠a a√Īadir que la¬†Ley de Cohesi√≥n y Calidad del Sistema Nacional de Salud¬†que es la que regula las actuaciones coordinadas en salud p√ļblica abunda en esa consideraci√≥n de obligatoriedad de los acuerdos pues establece que la declaraci√≥n de actuaciones coordinadas para responder a situaciones de especial riesgo para la salud p√ļblica, obliga a todas las partes incluidas en ella, en el caso que nos ocupa a todas las administraciones de todo el territorio nacional,

Visto desde la √≥ptica del r√©gimen jur√≠dico del sector p√ļblico y de la regulaci√≥n de las actuaciones coordinadas parece que la ministra tendr√≠a raz√≥n en su exigencia de cumplimiento del acuerdo.

Ello no obstante, la cuesti√≥n a debate no esta tan clara porque la regulaci√≥n del CISNS en la Ley de Cohesi√≥n y Calidad y en su propio reglamento que no ha sido modificado, ambos de 2003, se establece un r√©gimen de acuerdos espec√≠fico.¬†Tales acuerdos han de plasmarse en ‚Äúrecomendaciones‚ÄĚ que se ha de aprobar ‚Äúpor consenso‚ÄĚ, alejado tal r√©gimen de acuerdos de la idea de imposici√≥n mayoritaria que prevalece en los acuerdos de las conferencias sectoriales. Cabe recordar que consenso no significa necesariamente el consentimiento activo de cada uno de los miembros (unanimidad) sino que¬†supone la aceptaci√≥n en el sentido de no negaci√≥n.

El auto del Tribunal Supremo al que hemos hecho referencia, después de establecer, tras una larga polémica jurídica, que el CISNS es una conferencia sectorial, recogía esta singularidad del régimen de los acuerdos en su seno recordando el contenido artículo 73 de la Ley de Cohesión y Calidad: recomendaciones adoptadas por consenso. Es decir, las decisiones del Interterritorial no se pueden tomar por mayoría, porque una ley especial y el reglamento de funcionamiento así lo disponen.

Cabe recordar que en su día el gobierno del Partido Popular planteó la elaboración de un nuevo reglamento del CISNS acorde con su naturaleza de conferencia sectorial y que fue precisamente el Partido Socialista quien se opuso.

Existe pues una contradicci√≥n entre las dos normas concurrentes:¬†la Ley de R√©gimen Jur√≠dico del Sector P√ļblico y la Ley de Cohesi√≥n y Calidad del SNS¬†que cuestiona la pretendida obligatoriedad del Acuerdo de Declaraci√≥n de Actuaciones Coordinadas de salud p√ļblica frente a la covid-19, con independencia de otras cuestiones competenciales que puedan plantearse ante la jurisdicci√≥n contencioso-administrativa.

Durante la pandemia se ha reforzado el CISNS como eje federal del sistema, facult√°ndolo para adoptar acuerdos para garantizar la necesaria coordinaci√≥n en la aplicaci√≥n de las medidas que contemplaba el Real Decreto por el que se declar√≥ el segundo estado de alarma, lo que se vino en denominar ‚Äúcogobernanza‚ÄĚ.

De lo que se trataría para salvar la situación de conflicto jurídico planteada es que el reforzamiento en sentido federativo del Consejo se tradujera en un cambio legislativo permanente reforzando sus funciones de gobierno en situaciones epidémicas o catastróficas que afecten a la población del territorio de más de una comunidad autónoma y que, en tales situaciones excepcionales de emergencia sanitaria, el CISNS pueda adoptar por mayoría acuerdos ejecutivos más allá de lo que permite la legislación actual con las declaraciones de actuaciones coordinadas.

 

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Fin del estado de alarma: ¬Ņy ahora qu√©?. Francesc Jos√© Mar√≠a participa en un art√≠culo de Diario M√©dico

4 mayo, 2021 Noticias

¬ęParece claro que no se podr√°n adoptar medidas que supongan una restricci√≥n de derechos fundamentales como los confinamientos y el toque de queda¬Ľ, apunta Francesc Jose Mar√≠a S√°nchez, socio director de fjmadvocats, en un art√≠culo publicado hoy en Diario M√©dico y que firma Soledad Valle.¬†¬†

Cuando se decret√≥ el estado de alarma la incidencia de la Covid-19 estaba en 350 casos y, ahora, en m√°s de 220, lejos de los 25 marcados como objetivo. Sobre el nuevo decreto, ¬ęun parche¬Ľ.

El fin del estado de¬†alarma est√° a la vuelta de la esquina:¬†el 9 de mayo a las 00:00 horas. Espa√Īa lleva seis meses, desde el domingo, 25 de octubre de 2020, bajo esta situaci√≥n excepcional. Entonces, el pa√≠s estaba atravesando la segunda ola de la pandemia con una incidencia de 350 casos,¬†una ocupaci√≥n de las UCI por pacientes con coronavirus de m√°s del 21%, una notificaci√≥n de contagios diarios de 20.000 personas¬†y 150 fallecidos.

El objetivo, entonces, y seg√ļn lo que anunci√≥ el presidente del Gobierno, Pedro S√°nchez,¬†era alcanzar una incidencia de 25 casos por cada 100.000 habitantes.¬†En estos¬†d√≠as previos a levantarse el estado de alarma la incidencia media ronda los¬†220¬†casos, la ocupaci√≥n de las UCI con pacientes coronavirus,¬†en el 23%, las notificaciones de nuevos contagios diarios, el lunes, 3 de mayo, fue de¬†16.353¬†personas y 77 fallecidos.

Pero dentro de este panorama general hay comunidades aut√≥nomas¬†con una incidencia del virus m√°s elevada:¬†Pa√≠s Vasco (496,91), Madrid (368,99), Melilla (347,97) y Navarra (332,28), seg√ļn los datos de este lunes.¬†Por debajo de los 100 puntos de incidencia¬†est√°n Valencia (42,97) Galicia (96,49), Murcia (71,20) y Baleares (61,63).

El dato nuevo y m√°s esperanzador de este mayo, que no exist√≠a en octubre de 2020,¬†es el de las personas inmunizadas. Cerca del 25% de la poblaci√≥n en Espa√Īa estar√≠a inmunizada con, al menos, una dosis de las vacunas. Esto son 12 millones de personas. Mientras que 5 millones de espa√Īoles tendr√≠an la pauta completa de la vacunaci√≥n, esto es el 10,7% de la poblaci√≥n.

Con este escenario epidemiol√≥gico, el marco jur√≠dico cambia y, por tanto, los instrumentos para luchar contra la pandemia. ¬ŅQu√© medidas decaen con el fin del estado de alarma? ¬ŅQu√© podr√°n hacer las comunidades aut√≥nomas¬†a partir del 9 de mayo? Son las preguntas a las que han respondido¬†Josefa Cantero,¬†presidenta de la Sociedad Espa√Īola de Salud P√ļblica Administraci√≥n Sanitaria (Sespas), y profesora de Derecho Administrativo;¬†Lorenzo Cotino, catedr√°tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, y¬†Francesc Jos√© Mar√≠a, abogado experto en Derecho Sanitario y vocal de la Asociaci√≥n Juristas de la Salud.¬†Adem√°s, tambi√©n han respondido a una tercera cuesti√≥n: ¬ŅQu√© cree¬†que deber√≠a hacerse?

¬ŅQu√© termina con el estado de alarma?

Como conclusi√≥n m√°s clara es que desaparece¬†de nuestro marco jur√≠dico las herramientas establecidas¬†en el¬†Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,¬†por el que se declara el estado de alarma para contener la propagaci√≥n de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Estas son, ¬ęlos¬†toques de queda nocturno,¬†los cierres perimetrales, limitaciones para la permanencia de grupos de personas en espacios p√ļblicos y privados,¬†las limitaciones a la permanencia de personas en lugares de culto¬†y la imposici√≥n de prestaciones personales obligatorias en los servicios sanitarios y sociosanitarios¬Ľ, apunta Cantero.

Pero, adem√°s,¬†¬ęel estado de alarma amparaba la posibilidad de que los presidentes¬†de las comunidades aut√≥nomas o de las ciudades con estatuto de autonom√≠a,¬†como autoridades competentes delegadas, pudieran adoptar cualquiera de estas medidas limitativas de los derechos fundamentales sin necesidad de seguir ning√ļn procedimiento administrativo¬†ni de solicitar la autorizaci√≥n y ratificaci√≥n judicial (art. 2 del RD)¬Ľ

¬ęEl marco jur√≠dico cambia por completo, se vuelve mucho m√°s complejo y m√°s inseguro¬Ľ, dice Cantero

En¬†definitiva, en el nuevo escenario,¬†¬ęla capacidad de las autoridades de incidir en la esfera de las libertades de los ciudadanos para contener y controlar la pandemia es, sin duda,¬†mucho menos intensa que en la situaci√≥n creada con¬†la declaraci√≥n del estado de alarma¬Ľ, resume¬†el abogado Francesc Jos√©¬†Mar√≠a.

La situaci√≥n es nueva pero eso no significa que, como ciudadanos, ¬ęquedemos desamparados ni que nuestros poderes p√ļblicos no puedan adoptar medidas para luchar contra la pandemia¬Ľ, apunta Cantero. Ahora bien, subraya que ¬ęel marco jur√≠dico cambia por completo, se vuelve mucho m√°s complejo y m√°s inseguro¬†porque desaparece el listado de herramientas¬†y de instituciones homog√©neas en todo el territorio nacional¬Ľ.

¬ŅQu√© pueden imponer las autonom√≠as¬†para controlar la pandemia?

Los expertos en leyes consultados apuntan que, a partir de ese momento, las¬†autoridades sanitarias de las comunidades aut√≥nomas deber√°n aplicar el marco jur√≠dico establecido en¬†la Ley Org√°nica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P√ļblica.¬†

De modo que volvemos a un escenario conocido ya, como recuerda Cotino. El ¬ęproblema¬Ľ es que¬†esta norma no contiene un listado tasado de posibles medidas para reaccionar contra la pandemia. Se limita meramente a prever la posibilidad de que se puedan adoptar medidas para el control de los enfermos, de las personas que est√©n o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, as√≠ como ‚Äúlas que se consideren necesarias‚Ä̬†en caso de riesgo de car√°cter transmisible.

¬ęParece claro que no se podr√°n adoptar medidas que supongan una restricci√≥n de derechos fundamentales como los confinamientos y el toque de queda¬Ľ, apunta Jose Mar√≠a

Seg√ļn Cantero, ¬ędonde la ley no distingue no debemos distinguir. En consecuencia, en aplicaci√≥n del principio de la¬†‚Äúsalus publica suprema lex esto‚ÄĚ, habr√≠a una habilitaci√≥n gen√©rica para que puedan adoptarse,¬†sin exclusi√≥n¬†a priori, cualquier medida limitativa de derechos fundamentales que la situaci√≥n sanitaria y epidemiol√≥gica requiera. No obstante, necesitar√≠a tramitarse a trav√©s¬†del correspondiente procedimiento administrativo y la intervenci√≥n judicial, que podr√° autorizar con car√°cter previo o ratificar las medidas adoptadas por la Administraci√≥n.¬†Y es aqu√≠ donde, a mi juicio se plantean importantes problemas¬Ľ.

En cuanto a medidas concretas,¬†Jos√© Maria¬†responde, ¬ęparece claro que no se podr√°n adoptar medidas que supongan una restricci√≥n de derechos fundamentales como los confinamientos y el toque de queda que afectan al derecho fundamental a la libre circulaci√≥n. Aunque el estado de alarma no supone, en principio,¬†ning√ļn efecto sobre la vigencia de derechos fundamentales, se produce una limitaci√≥n importante a su ejercicio como consecuencia de las medidas adoptadas.¬†El Tribunal Supremo ha declarado que las comunidades aut√≥nomas son manifiestamente incompetentes para imponer limitaciones a derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional¬ę.

En rigor, la limitaci√≥n de la circulaci√≥n o permanencia de personas en horas y lugares determinados o condicionarla al cumplimiento de ciertos requisitos ahora ¬ęest√° vinculada expresamente a la declaraci√≥n del estado de alarma¬†(art. 11 de la Ley Org√°nica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepci√≥n y sitio)¬ę, recuerda Cantero.

Los consultados est√°n de acuerdo en que el nuevo escenario genera¬†¬ęinseguridad jur√≠dica¬Ľ porque no hay ning√ļn marco que prevea expresamente cu√°les pueden ser estas medidas limitativas,¬†cu√°l ser√° su r√©gimen jur√≠dico, qu√© limites se establecen, etc.

Por ejemplo, se√Īala Cantero, ¬ęahora al menos tenemos cierto margen de certeza porque sabemos¬†los topes horarios del toque de queda nocturno¬†o las excepciones de los cierres perimetrales. Este m√≠nimo r√©gimen jur√≠dico desparecer√≠a, por lo que¬†podemos encontrarnos con situaciones completamente dispares en cada territorio¬Ľ.

En todo caso, la eficacia de las medidas que pudieran adoptarse¬†est√°n condicionadas a la previa intervenci√≥n judicial,(en los t√©rminos establecidos en los art√≠culos 8.6, 10.8 y 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci√≥n Contencioso-administrativa), seg√ļn se trate de medidas¬†limitativas de derechos fundamentales¬†que afecten a uno o varios particulares, concretos e identificados de manera individualizada o sin identificar de forma individualizada y dependiendo de si la medida sanitaria se adopta en el √°mbito local, auton√≥mico o estatal.

Intervención judicial

La intervenci√≥n judicial puede dar lugar a pronunciamiento dispares, como sucedi√≥ en octubre, de modo que, incluso, lo que unos tribunales aceptan otros, no. Pero no solo eso, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado de Derecho, Cantero se√Īala que esta intervenci√≥n judicial ¬ęplantea importantes problemas en la medida en que supone¬†hacer copart√≠cipe al poder judicial de decisiones que constitucionalmente corresponden al poder ejecutivo, al Gobierno, que es quien dirige la Administraci√≥n¬Ľ.

Adem√°s, la intervenci√≥n de los jueces y tribunales de lo Contencioso en estos asuntos tiene muchas lagunas. Seg√ļn Cantero, lo √ļnico claro en este sentido es que¬†¬ęforzosamente ha de intervenir el ministerio fiscal, que la tramitaci√≥n de estos procedimientos tendr√° car√°cter preferente¬†y que ha de ser resuelta en un plazo m√°ximo de tres d√≠as naturales (art. 122 quater de la ley 29/1998, modificada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el √°mbito de la Administraci√≥n de Justicia)¬Ľ.

Una calle de Santander tras el toque de queda.

Pero, aun teniendo todo esto presente, el catedr√°tico de Derecho Constitucional Lorenzo Cotino hace memoria y recuerda todo lo que s√≠ permitieron los tribunales y jueces antes del estado de alarma¬†que concluye el 9 de mayo: ¬ęSe lleg√≥¬†a aplicar el toque de queda en Valencia;¬†confinamientos perimetrales en Navarra;¬†se han aceptado confinamiento de ciudades enteras y comarcas. Tambi√©n han prohibido¬†reuniones de un determinado n√ļmero de¬†personas en la calle. Y todo ello sin una previsi√≥n legal espec√≠fica¬Ľ.

Aunque, efectivamente, algunos tribunales han autorizado estas medidas, podríamos decir, casi con la nariz tapada, admitiendo que la legislación es bastante deficie

Imponer horarios espec√≠fico de apertura a los comercios es una medida que, seg√ļn Cotino, podr√≠an hacer sin problemas las autoridades sanitarias de una comunidad aut√≥noma. Es m√°s,¬†el catedr√°tico incluso plantea hasta qu√© punto es necesario que esta medida fuera ratificada por los tribunales, pues, no est√° claro si afecta a derechos fundamentales.

¬ŅQu√© deber√≠a seguir a este estado de alarma?¬†

Francesc Jose Mar√≠a responde:¬†¬ęSin duda, la pr√≥rroga del estado de alarma es la¬†mejor garant√≠a¬†jur√≠dica para la adopci√≥n de medidas de prevenci√≥n, contenci√≥n y coordinaci√≥n que permitan seguir haciendo frente y controlando la pandemia. Medidas que afectan no solo a la libre circulaci√≥n y establecimiento de residencia, sino a otros derechos fundamentales como los de reuni√≥n, manifestaci√≥n, libertad de empresa y de culto…¬Ľ

¬ęCuando decaiga el vigente estado de alarma,¬†se puede dar el esperpento, que ya hemos vivido, que las medidas que son razonables, proporcionadas y justificadas en una comunidad aut√≥noma, no lo sean en otra, por esa autorizaci√≥n y control previos.

Por eso, el Colegio de la Abogac√≠a de Barcelona plante√≥ el verano pasado¬†una reforma de la ley de la jurisdicci√≥n contencioso-administrativa¬†para agilizar la adopci√≥n y ejecuci√≥n de acuerdos sobre las medidas adoptadas por las autoridades con arreglo a la legislaci√≥n sanitaria, eliminando la autorizaci√≥n judicial previa, garantizando en todo caso el control jurisdiccional posterior a trav√©s del procedimiento espacial para la protecci√≥n de los derechos fundamentales¬Ľ.

Josefa Cantero responde:¬†¬ęHabr√≠a que introducir mayores dosis de seguridad jur√≠dica en esta materia. Una posible soluci√≥n pasar√≠a por reformar mediante una ley org√°nica¬†el estado de alarma y la ley de medidas especiales en materia de salud p√ļblica¬†para regular, en esta √ļltima, las situaciones de emergencia sanitaria, desgajando las pandemias del estado de alarma.

Se tratar√≠a de repensar toda esta materia a la vista de la experiencia en el √ļltimo a√Īo, de regularla adecuadamente en la ley org√°nica de medidas sanitarias, construyendo¬†un nuevo marco regulatorio que tipifique adecuada y expl√≠citamente todas estas medidas¬†de intervenci√≥n para que puedan ser despu√©s utilizadas por las autoridades sanitarias auton√≥micas.

¬ęLa Constituci√≥n se√Īala unos l√≠mites muy claros cuando se trata de suspender derechos fundamentales¬Ľ

Como ha recordado la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 22 de mayo de 2019, por mandato expreso de la Constituci√≥n, toda injerencia estatal en el √°mbito de¬†los derechos fundamentales y las libertades p√ļblicas,¬†ya incida directamente sobre su desarrollo (art√≠culo 81.1 CE), ya limite o condicione su ejercicio (art√≠culo 53.1 CE), precisa una habilitaci√≥n legal.

Dicha ley ‚Äúha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervenci√≥n‚ÄĚ pues, en caso contrario, ‚Äúley ya no cumple su funci√≥n de garant√≠a del propio¬†derecho fundamental que restringe, pues deja que en su lugar opere simplemente la voluntad de quien ha de aplicarla¬Ľ. La Constituci√≥n se√Īala unos l√≠mites muy claros cuando se trata de suspender derechos fundamentales o cuando regula con detalle el contenido de algunos de ellos. Fuera de estos l√≠mites, el legislador org√°nico dispone de un importante margen para perfilarlos.

Por lo dem√°s, la declaraci√≥n de la situaci√≥n de emergencia sanitaria que habilitar√≠a este r√©gimen tan intenso de intervenci√≥n deber√≠a suponer¬†la inmediata conformaci√≥n de un comit√© cient√≠fico,¬†formado por t√©cnicos cualificados, que ser√≠a el encargado de cumplir las exigencias¬†de informaci√≥n y transparencia que exigen nuestras leyes de salud p√ļblica¬†y, sobre todo, de motivar y legitimar tambi√©n desde el conocimiento cient√≠fico las medidas que deban adoptarse. Tal vez ello contribuir√≠a a rebajar la tensi√≥n y confrontaci√≥n pol√≠tica que est√° ocasionando la pandemia¬Ľ.

Lorenzo Cotino responde:¬†¬ęHemos tenido m√°s de un a√Īo para hacer esas reformas de la ley de salud p√ļblica. El Partido Popular ya en agosto present√≥ un texto alternativo y¬†con toda seguridad se podr√≠a haber presentado textos alternativos de reforma de la ley org√°nica¬†e, incluso, dadas las dificultades que presenta la reforma de una ley org√°nica, al menos, con leyes ordinarias.

¬ęDeber√≠a haberse reformado la legislaci√≥n sanitaria para poder salir del estado de alarma con mayor comodidad¬Ľ

Muchas comunidades autónomas han modificado sus leyes de salud para intentar compensar este déficit de legislación. Ahora ya no estamos muy a tiempo, aunque por decreto ley se podrían adoptar medidas importantes, no parece haber voluntad política, legislativa para hacerlo.

El Gobierno insiste en que ¬ętodo es estupendo¬Ľ y, por lo tanto, seguramente ir√°n viendo¬†c√≥mo va la cosa, porque saben que tienen ese comod√≠n en la manga y en cualquier momento puede decretar un estado de alarma o solicitar una pr√≥rrogar. El Gobierno tiene la competencia constitucional y lo sabe.¬†El que tiene el poder lo usa y puede hacer que los dem√°s bailen alrededor de √©l.

Sin duda, desde hace mucho tiempo, debería haberse reformado la legislación sanitaria para poder salir del estado de alarma con mayor comodidad y que alguna de estas restricciones tengan las garantías suficientes para aplicarse, incluso, con la intervención judicial.

Sobre el nuevo decreto

En relaci√≥n al nuevo decreto que saldr√° del Consejo de Ministros de este martes, para ¬ęfacilitar a las comunidades aut√≥nomas la toma de decisiones para frenar la pandemia que conlleven restricciones de derechos fundamentales¬Ľ, los expertos consultados se muestran esc√©pticos.¬†¬ęEs meramente un parche¬Ľ.

El nuevo decreto permitir√° ¬ęla unificaci√≥n de doctrina a trav√©s del recurso de casaci√≥n ante el Tribunal Supremo, que antes no se pod√≠a. Al menos, si hay pronunciamientos contradictorios por parte de las salas de lo Contencioso-administrativo de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Aut√≥nomas,¬†el Supremo aclarar√° la l√≠nea a seguir y pondr√° algo de luz en la materia.¬†¬†Pero los problemas de fondo siguen sin tocarse.¬†Falta repensar todo este tema con calma, consenso pol√≠tico y una buena regulaci√≥n legal¬Ľ.

 

Eutanasia, entre el paternalismo y la desconfianza

30 abril, 2021 Noticias

Art√≠culo de Opini√≥n de Francesc Jos√© Mar√≠a Sanchez, publicado en Gaceta M√©dica. Para el socio director de fjmadvocats ¬ęLa ley cae ¬†en un paternalismo injustificado cuando quiere garantizar con exceso de celo que la decisi√≥n de solicitar la prestaci√≥n sea aut√≥noma¬Ľ

La despenalizaci√≥n y la regulaci√≥n de los supuestos en que la eutanasia y el suicidio asistido son pr√°cticas legalmente aceptables es sin duda una de las grandes noticias que nos ha proporcionado el legislador en los √ļltimos tiempos.

Hemos pasado de la tipificaci√≥n de estas conductas como un delito a que la prestaci√≥n de la ayuda para morir, en determinadas condiciones y cumpliendo los requisitos exigidos por la ley, sea reconocida como un nuevo derecho individual, forme parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y sea financiada con fondos p√ļblicos. Un aut√©ntico triple salto mortal con tirabuz√≥n.

Esperada y deseada por muchos desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, esta ley define el contexto de sufrimiento grave e intolerable en el que se puede producir la solicitud y hacer efectiva la prestación de ayuda para morir, así como la valoración externa a la persona solicitante y al equipo profesional que tiene que hacer efectivo el auxilio asistencial necesario para ayudar a morir a la persona que le haya sido concedida la prestación.

Bajo la idea de que el Estado tiene que proveer un régimen jurídico que establezca las garantías y la seguridad jurídica que inspira la ley, se esconde un paternalismo injustificado hacia la persona enferma y la desconfianza cabe los médicos que intervienen en el proceso.

Posiblemente la situaci√≥n pol√≠tica y el grado de espaldarazo social a la iniciativa legislativa no daba para m√°s y cab√≠a extremar el contenido ‚Äúgarantista‚ÄĚ de la ley para no dar m√°s razones a los contrarios a su aprobaci√≥n, que ya han anunciado su impugnaci√≥n ante el Tribunal Constitucional.

No obstante,¬†la ley es extremadamente exigente con quien a ella quiera ampararse, ya que tiene que reiterar su solicitud y dar el consentimiento hasta cuatro veces desde que activa el procedimiento. Parece que todo empieza para la persona enferma cuando hace la primera solicitud, como si no hubiera existido en el pasado inmediato un proceso de evoluci√≥n de la enfermedad y del sufrimiento, de reflexi√≥n personal y de deliberaci√≥n con su entorno y con los profesionales sanitarios que lo atienen. ¬ŅO es que con un proceso de informaci√≥n y de deliberaci√≥n con el m√©dico responsable en el par de semanas que estipula es suficiente para tomar una decisi√≥n tan trascendente?

La ley cae  en un paternalismo injustificado cuando quiere garantizar con exceso de celo que la decisión de solicitar la prestación sea autónoma, es decir informada y en ausencia de coacción. Un nivel el de exigencia que no existe cuando por ejemplo un paciente competente decide rechazar un tratamiento y su rechazo precipita el desenlace final de su vida.

Decidir que uno quiere morir porque considera inaceptable su situación e incompatible con su concepto de dignidad humana, no es algo que surja del nada. Las personas en este contexto eutanásico definido por la ley no se levantan un día con el pie izquierdo y deciden que quieren poner fin en su vida.

La ley tambi√©n expresa desconfianza hacia los m√©dicos que intervienen en el proceso. Hacia el m√©dico responsable, que es el interlocutor principal que se encarga de la coordinaci√≥n de toda la informaci√≥n y asistencia sanitaria del paciente, y hacia el m√©dico consultor que no pertenece al equipo que atiende al paciente y es especialista en el √°mbito de las patolog√≠as que sufre. Una vez ambos han considerado que se dan las condiciones cl√≠nicas establecidas por la ley para tener acceso a la prestaci√≥n de ayuda para morir y han emitido su informe favorable ¬Ņqu√© sentido tiene que la Comisi√≥n de Garant√≠a y Verificaci√≥n nombre a otro m√©dico para que verifique si concurren los requisitos para recibir la prestaci√≥n? ¬ŅEs que no basta con la opini√≥n positiva de los dos facultativos? Este tercer m√©dico, que tiene que pertenecer a la Comisi√≥n, ¬Ņtendr√° un conocimiento m√°s exhaustivo del paciente y de su enfermedad en los siete d√≠as que tiene para emitir su informe?

Como conclusi√≥n y para no ser mal interpretado, me congratulo totalmente de que por fin tengamos una ley reguladora para la eutanasia y el suicidio asistido; y el salto cualitativo que supone en el reconocimiento de los Derechos de los pacientes. Pero¬†posiblemente no hacen falta ni la supervisi√≥n ni el control previos que exige la ley y que solo a√Īadir√°n sufrimiento, alargando la situaci√≥n y convirtiendo lo que debe ser un acto eminentemente cl√≠nico en un acto administrativo¬†que sustrae de la relaci√≥n asistencial la decisi√≥n final.

fjmadvocats cierra el primer trimestre de 2021 con la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) como nuevos clientes

26 abril, 2021 Noticias
  • Dentro del sector p√ļblico local, fjmadvocats tambi√©n asesorar√° al Consejo Comarcal del Solson√©s y al Ayuntamiento de Balaguer.
  • Francesc Jos√© Mar√≠a S√°nchez, socio director de fjmadvocats, ‚Äúel sector p√ļblico necesita disponer de un asesoramiento cualificado en √°mbitos jur√≠dicos estrat√©gicos como el Laboral, la Funci√≥n P√ļblica o la Contrataci√≥n Administrativa‚ÄĚ.

Barcelona, 27 de abril de 2021. Pese a la coyuntura provocada por la pandemia fjmadvocats ha ¬†¬†¬†cerrado los tres primeros meses de 2021 con un fuerte crecimiento de clientes del sector p√ļblico. Entre estos, la Universidad Polit√©cnica de Catalunya (UPC) y Transportes Metropolitanos de Barcelona,¬† (TMB) que engloba Metro y Autob√ļs de Barcelona.

Con la UPC ‚Äď universidad p√ļblica de referencia en la investigaci√≥n y educaci√≥n superior en los √°mbitos de arquitectura, ingenier√≠a, ciencia y tecnolog√≠a‚ÄĒ fjmadvocats ha firmado un Acuerdo Marco que la homologa para dar soporte en asuntos jur√≠dicos complejos y en actuaciones judiciales en Derecho Laboral y Derecho Administrativo. El hecho que la UPC haya confiado sus servicios en fjmadvocats es una muestra de la val√≠a aportada por este despacho al ser un referente en otros sectores p√ļblicos de gran complejidad, siendo muy √ļtil la experiencia para el cliente en temas de incompatibilidades de personal, o el soporte jur√≠dico global en el entorno de las start-ups.

Adem√°s de la UPC, otro nuevo cliente relevante es Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). Con TMB, fjmadvocats tambi√©n ha firmado un Acuerdo Marco que homologa al despacho para el Asesoramiento Laboral, de la Seguridad Social, Contrataci√≥n Administrativa, Asesoramiento en Derecho P√ļblico y en Derecho Civil y Pena. TMB es la denominaci√≥n com√ļn de las empresas Ferrocarril Metropolitano de Barcelona S.A. y Transporte de Barcelona S.A.; que gestionan la rede de Metro y Autob√ļs por cuenta del √Ārea Metropolitana de Barcelona. El hecho que el otro gran operador ferroviario catal√°n, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) tambi√©n sea cliente de fjmadvocats desde 2019, sit√ļa al despacho en el liderazgo en el asesoramiento laboral del transporte de viajeros en Catalu√Īa.

Para Alfredo Bay√≥n, Abogado y Socio Profesional del despacho, ‚Äúpoco a poco nos vamos convirtiendo en un referente dentro del √°mbito de servicios jur√≠dicos en sectores de especial relevancia como el sanitario, socio sanitario, audiovisual, transporte de viajeros, universitario, y tambi√©n vinculado a la administraci√≥n p√ļblica, local y auton√≥mica‚ÄĚ.

¬†Entidades de Derecho P√ļblico Local en Solsona y Balaguer, nuevos clientes.

fjmadvocats tambi√©n asesorar√° dentro del sector p√ļblico local al Consejo Comarcal del Solson√©s y en el Ayuntamiento de Balaguer. Para el Consejo Comarcal del Solson√©s ejercer√° la asesor√≠a en Derecho Sanitario, Laboral, de la Funci√≥n P√ļblica (asesoramiento, procedimientos judiciales y negociaci√≥n colectiva). En cuanto al Ayuntamiento de Balaguer realizar√° Asesoramiento Laboral y Funci√≥n P√ļblica (procesos judiciales y negociaci√≥n colectiva, contencioso‚Äďadministrativo y procesos de sector p√ļblico de gran complejidad.)

Alfredo Bay√≥n ha a√Īadido, ‚ÄĚ el hecho que el Consejo Comarcal del Solson√©s y el Ayuntamiento de Balaguer conf√≠en en nuestra firma representa el crecimiento de nuestro posicionamiento en el √°mbito del asesoramiento del sector p√ļblico local‚ÄĚ. En este aspecto, Francesc Jos√© Mar√≠a S√°nchez, Socio Director de fjmadvocats ha se√Īalado ‚Äúel sector p√ļblico necesita disponer de un asesoramiento cualificado en √°mbitos jur√≠dicos estrat√©gicos como el Laboral, la Funci√≥n P√ļblica o la Contrataci√≥n Administrativa‚ÄĚ.

¬†Francesc Jos√© Mar√≠a, tambi√©n ha a√Īadido que ‚Äúnuestros clientes cada vez valoran m√°s el conocimiento que hemos logrado los √ļltimos a√Īos en actuaciones ante el Tribuna del Cuentas, tanto en su fase de instrucci√≥n como de enjuiciamiento, siendo muchas las cuestiones de naturaleza jur√≠dica-laboral las que llegan mediante los informes de la Sindicatura‚ÄĚ.

Sobre el fjmadvocats

Con mas de 35 a√Īos de trayectoria profesional jur√≠dica, fjmadvocats dispone de especialistas en todas las ramas del derecho, destacando en el asesoramiento de entidades proveedoras de Servicios Sanitarios, Servicios Sociales y Socio sanitarios.
El despacho trabaja para entidades que tienen hasta 5.000 empleados y tambi√©n ha participado activamente en la negociaci√≥n colectiva de algunos convenios que afectan a m√°s de 40.000 trabajadores. Entre los m√°s recientes, sus profesionales participaron en noviembre de 2018 ‚Äďen calidad de asesores jur√≠dicos de la patronal CAPSS y expertos en Derecho Laboral‚ÄĒ, de la firma del II Convenio Colectivo de trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros de Atenci√≥n Primaria, Centros Socio sanitarios i Centros de Salud Mental concertados con el Servicio Catal√°n de la Salud (CatSalut) y en 2020 del V Convenio Colectivo de trabajo de empresas de atenci√≥n domiciliaria de Catalu√Īa.
¬†fjmadvocats tambi√©n asesora a diversas empresas, asociaciones empresariales y entidades de diferentes sectores. Lo hace con los principios de actuaci√≥n del despacho que encuentran clara expresi√≥n en su lema: RIGOR EN EL CONCEPTO, PRECISI√ďN EN EL LENGUAJE Y SEVERIDAD EN LA FORMA.

 

MARTA CORT√ČS NOS HA DEJADO. DESCANSE EN PAZ.

19 abril, 2021 Noticias

Desgraciadamente, y después de una larga enfermedad, nuestra colega, socia, pero sobretodo amiga, Marta Cortés Bru, nos ha dejado hoy.

La conoc√≠ al comienzo de mi carrera profesional, cuando ella ya era una ‚Äúveterana‚ÄĚ en la entonces Magistratura de Trabajo. Congeniamos enseguida y durante a√Īos mantuvimos una excelente relaci√≥n profesional, cada uno desde su respectivo despacho, que si bien no fue estrecha s√≠ constante en el tiempo. Recuerdo los almuerzos a los que me convidaba cada a√Īo, siempre en el restaurante Andorra, para agradecerme el soporte que desde nuestro gabinete le pod√≠amos haber dado como sus consultores de cabecera ante las dudas en materias civiles, mercantiles o procesales, alejadas de su especialidad en Derecho Laboral y de la Seguridad Social.

Una amiga com√ļn me inform√≥ que Marta por motivos de salud se hab√≠a visto obligada a cerrar su despacho y fue entonces, a finales de 2009, cuando la invit√© a incorporarse a nuestro gabinete de la que acab√≥ siendo Socia. Marta Cort√©s ha sido una mujer hecha a s√≠ misma profesionalmente hablando, una excelente abogada con un fuerte car√°cter sin pelos en la lengua y que dec√≠a las cosas por su nombre, aunque a alguien no le gustase escucharlo. Coherente con su pensamiento de izquierdas y gran aficionada culer no pudo disfrutar del triunfo del Bar√ßa en la final de la Copa del Rey el pasado s√°bado.

Durante los doce a√Īos de ejercicio en nuestro despacho, Marta ha sido una colaboradora valios√≠sima y nos ha dejado a todos una huella imborrable. Su fortaleza personal, combinada con su optimismo y unas inmensas ganas de vivir le han permitido superar las diferentes crisis causadas por la enfermedad hasta llegar al desenlace final.

Incluso la semana pasada, Marta tuvo el ánimo de pasarse por el despacho a saludarnos; lo hacía después de visitarse en el Hospital Clínica. Me temo que fue su manera de despedirse de todos nosotros. Desde ahora, no podemos más que llorarla y tener presente su ejemplo de profesionalidad y vida.

Marta, no te olvidaremos nunca.

Francesc José María Sánchez.

Barcelona, a 19 de abril de 2021.

 

 

 

 

La vacunaci√≥n obligatoria en menores es compatible con el respeto ¬ęa la vida privada y familiar¬Ľ

14 abril, 2021 Noticias

Francesc José María, abogado socio director de FJMadvocats y miembro de la Junta de la Asociación Juristas de la Salud aporta su punto de vista en la pieza publicada en Diario Médico y firmada por la periodista Soledad Valle. Para Francesc José Maria “es una sentencia importante no tanto por ser la primera vez que el TEDH se pronuncia sobre esta materia, sino porque envía el mensaje de que, a parte de los derechos fundamentales, también hay deberes y responsabilidades fundamentales

¬†La Gran C√°mara¬†del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)¬†se ha pronunciado a favor de¬†la vacunaci√≥n obligatoria de los ni√Īos en la Rep√ļblica Checa.¬† La cuesti√≥n principal que se debat√≠a era si el deber de vacunaci√≥n en el pa√≠s era compatible con el art√≠culo 8 del Convenio para la Protecci√≥n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales,¬†m√°s conocido como el Convenio Europeo¬†de Derechos Humanos, que regula el derecho a la vida privada y la intimidad.

El art√≠culo 8 del Convenio se titula¬†¬ęDerecho al respeto a la vida privada y familiar¬Ľ. Y dice ¬ę1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2.¬†No podr√° haber injerencia de la autoridad p√ļblica en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia est√© prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democr√°tica,¬†sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad p√ļblica, el bienestar econ√≥mico del pa√≠s, la defensa del orden y la prevenci√≥n del delito, la protecci√≥n de la salud o de la moral, o la protecci√≥n de los derechos y las libertades de los dem√°s¬Ľ.

Identificadas nueve enfermedades 

En la Rep√ļblica Checa existe la obligaci√≥n general de vacunar a los ni√Īos contra nueve enfermedades: difteria, el t√©tanos,¬†la tosferina, Haemophilus influenzae tipo B infecci√≥n, poliomielitis,¬†hepatitis B, sarampi√≥n, paperas, rub√©ola y, por ni√Īos con indicaciones sanitarias espec√≠ficas, infecciones neumoc√≥cicas.¬†No hacerlo conlleva una multa para las familia¬†y, adem√°s, la exclusi√≥n del menor de cualquier escuela infantil.¬†

En el caso de la primera familia recurrente al TEDH, los padres fueron multados por incumplir la obligación de vacunar a sus dos hijos y a los demás solicitantes de amparo ante el tribunal se les negó la admisión a la escuela de párvulos por la misma razón. 

La Rep√ļblica Checa persigue¬†los objetivos leg√≠timos de proteger la salud del ni√Īo al que se vacuna y de toda la poblaci√≥n

En su resoluci√≥n, el tribunal se√Īal√≥ que,¬†de acuerdo con su jurisprudencia, la vacunaci√≥n obligatoria, como medida sanitaria involuntaria,¬†representa una injerencia en la integridad f√≠sica y, por lo tanto, contra la recogido en el art√≠culo 8 de la Convenci√≥n.

Sin embargo, la sentencia admite que¬†con la citada medida, la Rep√ļblica Checa persigue¬†los objetivos leg√≠timos de proteger la salud del ni√Īo al que se vacuna y de toda la poblaci√≥n, pues ¬ęla vacunaci√≥n protege tanto a quienes la reciben como a quienes no pueden ser vacunados por razones m√©dicas y, por lo tanto,¬†dependen de la inmunidad colectiva para su protecci√≥n contra enfermedades contagiosas graves¬Ľ.

El TEDH reconoce que existe ¬ęun amplio¬†margen de apreciaci√≥n¬Ľ para valorar la imposici√≥n de la vacunaci√≥n, seg√ļn el contexto del Estado, y as√≠ afirma que ¬ęen la Rep√ļblica Checa la obligaci√≥n de vacunaci√≥n est√° fuertemente apoyada por los autoridades m√©dicas y podr√≠a decirse que representa la respuesta a la apremiante necesidad social de proteger la salud individual y p√ļblica contra las enfermedades en cuesti√≥n y de proteger contra cualquier tendencia a la baja en la tasa de vacunaci√≥n entre los ni√Īos¬Ľ. Adem√°s, la resoluci√≥n enfatiza que¬†¬ęen todas las decisiones relativas a los ni√Īos, su inter√©s superior debe ser de primordial importancia¬Ľ.¬†

En consecuencia, las medidas denunciadas por las familias demandantes, evaluadas en el contexto de la sistema nacional, son proporcionadas con el objetivo perseguido por el Estado checo de alcanzar la inmunización contra enfermedades que podrían suponer un riesgo grave para la salud a través del deber de vacunación.

¬†¬ęEs una sentencia importante no tanto por ser la primera vez que el TEDH se pronuncia sobre esta materia, sino porque env√≠a el mensaje de que,¬†a parte de los derechos fundamentales, tambi√©n hay deberes y responsabilidades fundamentales¬Ľ, explica Francesc Jos√© Mar√≠a, abogado socio director de FJMadvocats y¬†miembro de la Junta de la Asociaci√≥n Juristas de la Salud.

¬ęEl TEDH considera que la vacunaci√≥n infantil es un aspecto fundamental de la pol√≠tica de salud p√ļblica contempor√°nea y no plantea, por s√≠ misma, cuestiones morales o √©ticas sensibles. Fundamenta su decisi√≥n en el valor de la solidaridad social hacia los m√°s vulnerables¬†con el objetivo del cumplimiento del deber del estado de proteger la salud de todos los miembros de la sociedad. Es m√°s, considera que la pol√≠tica de obligatoriedad si se cumplen determinadas condiciones es coherente con el inter√©s superior de los ni√Īos¬ę, a√Īade.

Ahora bien, concluye el abogado, ¬ętambi√©n deja claro que siendo la vacunaci√≥n un deber legal del estado Checo no se puede imponer directamente su cumplimiento, es decir,¬†no se puede administrar por fuerza la vacunaci√≥n, sino que el deber se debe ejecutar indirectamente mediante la aplicaci√≥n de sanciones como son las multas administrativas que impone la Rep√ļblica Checa¬Ľ.

Francesc Jos√© Mar√≠a entrevistado en la televisi√≥n p√ļblica gallega sobre las dudas √©ticas del pasaporte sanitario

18 marzo, 2021 Noticias

Francesc Jos√© Mar√≠a S√°nchez, director y socio profesional de fjmadvocats ha sido entrevistado esta ma√Īana en el programa Bos Dias de Televisi√≥n de Galicia sobre las dudas √©ticas que comporta la creaci√≥n de un pasaporte sanitario. Pod√©is acceder a la entrevista completa que le ha realizado Francisco L√≥pez Iglesias, en este link.¬†

 

Francesc José María Sanchez participará en el Seminario de Análisis Jurídico: Centros sanitarios y residencias de mayores en tiempos de pandemia.

17 marzo, 2021 Noticias

El pr√≥ximo 26 de marzo a las 10.30h, Francesc Jos√© Mar√≠a S√°nchez, fundador, director y socio profesional de FJM advocats participar√° en el Seminario de An√°lisis Jur√≠dico: Centros sanitarios y residencias de mayores en tiempos de pandemia. Un necesario debate jur√≠dico. Su ponencia ser√° sobre ‚ÄúLas limitaciones a la movilidad en residencias de mayores‚ÄĚ. Esta es una actividad que se realiza conjuntamente el Departamento de Planificaci√≥n y Econom√≠a de la Salud (Escuela Nacional de Sanidad) y la Asociaci√≥n de Juristas de la Salud

Este es el programa y linken aquí para inscribirse (inscripción gratuita)

Declaraciones Francesc José María sobre doctrina TJUE en referencia a la Directiva 2003/88 sobre Tiempo de Trabajo

10 marzo, 2021 Noticias

El artículo firmado por la periodista Soledad Valle, y publicado en Diario Médico , en referencia a la doctrina con la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a aclarar la Directiva 2003/88, sobre ordenación del tiempo de trabajo, ha contado con la participación de Francesc José María Sánchez, socio profesional y fundador de fjm advocats 

Francesc Jos√© Mar√≠a analiza las sentencias recordando que ¬ęel TJUE reitera su ya conocida doctrina al respecto, que no afecta de modo gen√©rico a¬†las guardias de localizaci√≥n del personal m√©dico, solo a aquellos que, por sus circunstancias, puedan limitar excesivamente la organizaci√≥n del descanso¬Ľ.

Adem√°s, el abogado hace una lectura de esta doctrina jur√≠dica con importantes implicaciones: ¬ęSi al final las guardias de localizaci√≥n van a costar lo mismo que las presenciales, ser√°¬†una invitaci√≥n a los centros a generalizar la atenci√≥n continuada con guardias presenciales, lo que no creo que convenga a los m√©dicos¬Ľ.

Puede leer el artículo completo aquí.

Bego√Īa P√©rez Crespo se incorpora a fjmadvocats para potenciar el √°rea de Derecho Laboral y de la Funci√≥n P√ļblica

12 febrero, 2021 Noticias
  • Para Francesc Jos√© Maria, socio director, ‚Äúla incorporaci√≥n de Bego√Īa P√©rez Crespo es un gran refuerzo para nuestro despacho y nos permite continuar creciendo asumiendo con garant√≠as los retos futuros de nuestros clientes‚ÄĚ.

Licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona y Postgrado en Seguridad Social, Ciencias Sociales y Jur√≠dicas, por la Universidad de Castilla y la Mancha, Bego√Īa P√©rez Crespo cuenta con una acreditada experiencia en el ejercicio del Derecho Laboral y de la Funci√≥n P√ļblica; destacando en el asesoramiento tanto individual como plural en negociaci√≥n colectiva y litigaci√≥n frente a las jurisdicciones laboral y contencioso administrativo.

El amplio conocimiento de Bego√Īa P√©rez Crespo de la administraci√≥n y del sector p√ļblico, as√≠ como del mundo sindical y de la negociaci√≥n colectiva, reforzar√° la capacidad de asesoramiento de fjmadvocats en este campo, que es donde el despacho ha crecido m√°s en los √ļltimos a√Īos a trav√©s de numerosas adjudicaciones de licitaciones p√ļblicas. ¬†En este aspecto, destacar que fjmadvocats trabaja para entidades que tienen hasta 5.000 empleados y tambi√©n ha participado activamente en la negociaci√≥n colectiva de algunos convenios que afectan a m√°s de 40.000 trabajadores.

Para Bego√Īa P√©rez Crespo, ‚Äúincorporarme a fjmadvocats supone el reto de llegar a un despacho de reconocido prestigio, consolidado, en expansi√≥n y comprometido en la mejora continua en el servicio a sus clientes; y en el que adem√°s de aportar mi experiencia puedo continuar creciendo profesionalmente‚ÄĚ.

Para Francesc Jos√© Mar√≠a S√°nchez, socio director y fundador del fjmadvocats ‚Äúel despacho est√° en una fase de gran expansi√≥n en todos los √°mbitos del Derecho, pero particularmente en aquellos vinculados al Derecho Laboral y de la Funci√≥n P√ļblica. La incorporaci√≥n de Bego√Īa P√©rez Crespo es un gran refuerzo para nuestra firma y nos permite continuar creciendo asumiendo con garant√≠as los retos futuros de nuestros clientes‚ÄĚ.

Sobre fjmadvocats

Con mas de 35 a√Īos de trayectoria profesional jur√≠dica, fjmadvocats dispone de especialistas en todas las ramas del derecho, destacando en el asesoramiento de entidades proveedoras de Servicios Sanitarios, Servicios Sociales y Sociosanitarios.

El despacho trabaja para entidades que tienen hasta 5.000 empleados y tambi√©n ha participado activamente en la negociaci√≥n colectiva de algunos convenios que afectan a m√°s de 40.000 trabajadores. Entre los m√°s recientes, sus profesionales participaron en noviembre de 2018 ‚Äďen calidad de asesores jur√≠dicos de la patronal CAPSS y expertos en Derecho Laboral‚ÄĒ, de la firma del II Convenio Colectivo de trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros de Atenci√≥n Primaria, Centros Sociosanitarios y Centros de Salud Mental concertados con el Servicio Catal√°n de la Salud (CatSalut) y en 2020 del V Convenio Colectivo de trabajo de empresas de atenci√≥n domiciliaria de Catalu√Īa.

fjmadvocats tambi√©n asesora a diversas empresas, asociaciones empresariales y entidades de diferentes sectores. Lo hace con los principios de actuaci√≥n del despacho que encuentran clara expresi√≥n en su lema: RIGOR EN EL CONCEPTO, PRECISI√ďN EN EL LENGUAJE Y SEVERIDAD EN LA FORMA.