Cuestión polémica en relación a la aplicación de la eutanasia es el derecho de las personas con discapacidad intelectual de solicitar y acceder a la prestación de ayuda para morir. La Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, realizada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, firmada y ratificada por 82 países, entre ellos España, en vigor en el estado español desde el 3 de mayo de 2008, proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la población. vivir de manera independiente y a ser incluidas en la comunidad, obligando a las administraciones públicas a proporcionarles el apoyo que puedan necesitar.

La ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, adaptó el ordenamiento jurídico español a la Convención. En su artículo 3 la Convención internacional establece los principios generales que la inspiran, entre otros: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas y la no discriminación.

La Ley Orgánica de Regulación de la eutanasia no excluye de forma expresa del acceso a la eutanasia a las personas con discapacidad, al contrario: «En especial, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico.» (art. 4. Derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir. Apartado 3 segundo párrafo). Se trata de valorar que la decisión de la persona con discapacidad, al igual que la de cualquier otra persona, sea «individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas».

Del mismo modo que se debe evaluar la competencia (capacidad de hecho) de las personas que piden la eutanasia, cuando hay signos de que puede estar comprometida, cuando la persona solicitante tiene una discapacidad intelectual esta valoración de la competencia debe realizarse sí o sí porque la propia discapacidad es un signo de que puede estar comprometida su competencia,  pero por sí misma, a mi juicio, la discapacidad intelectual no obsta para ejercer el derecho a solicitar la eutanasia. Es irrelevante, de entrada, que la persona con discapacidad esté incapacitada o le haya sido modificada su capacidad jurídica o tenga establecidas medidas de apoyo al ejercicio de su capacidad jurídica.

El ejercicio del derecho fundamental de pedir y acceder a la prestación de ayuda para morir es personalísimo y no se puede ejercer por representación, o lo que es lo mismo ni los progenitores con la patria potestad prorrogada o rehabilitada, ni los tutores, ni los curadores, ni los asistentes personales con facultad de representación, pueden solicitar la prestación de ayuda para morir en nombre de la persona con discapacidad que tienen a su cargo. La capacidad de hecho debe evidenciarse para tomar una decisión concreta y la solicitud de ayuda para morir exige un grado de capacidad de hecho importante.

Las cuatro habilidades básicas que deben ser constatadas en cualquier evaluación de competencia para saber si el sujeto está en condiciones de expresar válidamente su voluntad son: a) Saber expresar la elección, b) Comprensión de la información relevante para la decisión a tomar, c) Valoración adecuada de la enfermedad y situación personal compleja y d) Razonamiento que es la capacidad de argumentar con lógica la decisión.

En todo caso, el médico responsable y el médico consultor que intervienen en el procedimiento para la realización de la eutanasia, deben hacer un esfuerzo significativo para comunicarse con la persona con discapacidad intelectual que ha formulado la solicitud, sobre el propósito de llevar a cabo la eutanasia y constatar además que existe un padecimiento real que no tiene perspectivas de mejora y que no existe ninguna alternativa razonable,  que son el fundamento médico que exige la ley para recibir la ayuda necesaria para morir..

Barcelona, 9 de  enero de 2024

Francesc José María Sánchez. Abogado. Vicepresidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña de la prestación de ayuda a morir